Un equipo especial de la Fiscalía peruana allanó este jueves la casa de la exalcaldesa de Lima, Susana Villarán y de su exfuncionario José Miguel Castro por presuntamente haber recibido sobornos de las empresas brasileñas Odebrecht y OAS.

El Ministerio Público informó hoy, a través de su cuenta en Twitter, el allanamiento en los dos inmuebles ubicados en el distrito de Miraflores, "como parte de las diligencias en las investigaciones que se les sigue".

La exalcaldesa de Lima en el periodo 2011 al 2014 había sido impedida de salir del país en noviembre pasado, al igual que Castro, que trabajó durante su gestión como gerente municipal.

La Fiscalía peruana abrió una investigación preliminar contra la exalcaldesa por los delitos de lavado de activos y cohecho pasivo propio por presuntamente haber recibido 3 millones de dólares de Odebrecht y OAS para financiar la campaña que encabezó para evitar su revocación del cargo en el 2013.

El publicista brasileño Valdemir Garreta declaró a fiscales peruanos haber recibido tres millones de dólares de Odebrecht y OAS para hacer la campaña de comunicaciones del proceso contra la revocación.

Según su testimonio, publicado por el diario El Comercio, Garreta fue contactado previamente por el publicista Luis Favre para preguntarle si podía hacerse cargo de la campaña de comunicación de Villarán, tal como efectivamente ocurrió.

"Por el trabajo se acordó una remuneración de tres millones de dólares", dijo Garreta respecto a las coordinaciones que supuestamente hizo con Villarán, tras lo cual añadió que el encargado de los pagos sería el exgerente municipal José Miguel Castro.

El exdirectivo de Odebrecht en Perú Jorge Barata corroboró lo revelado por Garreta, en una declaración hecha a fiscales peruanos y precisó que fue una donación a la campaña política de un personaje que, en ese momento, tenía una proyección política importante.

El caso Odebrecht en Perú se centra en seguir el rastro de los 29 millones de dólares que Odebrecht admitió a la Justicia estadounidense que pagó a funcionarios peruanos entre 2005 y 2014 a cambio de obtener contratos para millonarias obras públicas.

Ese período abarca los mandatos presidenciales de Alejandro Toledo (2001-2006), quien tiene una orden de captura internacional; Alan García (2006-2011), incluido en investigaciones por dádivas para el Metro de Lima; y Ollanta Humala (2011-2016), encarcelado por la presunta financiación irregular de sus campañas electorales.

El expresidente peruano Pedro Pablo Kuczynski renunció al cargo en marzo último después de que se reveló un intento de compra de votos en el Congreso para evitar su destitución por sus vínculos con Odebrecht por unos supuestos pagos irregulares cuando fue ministro de Toledo.

EFE